Un tribunal británico examina la legalidad de reanudar la venta de armas a Arabia Saudí.

El Tribunal Superior de Londres examinó el martes la legalidad de la decisión del Reino Unido de renovar la venta de armas a Arabia Saudí que podrían utilizarse en la guerra de Yemen.

El caso ha sido presentado por la ONG británica Campaign Against Arms Trade (CAAT), que acusa al gobierno de contribuir al incumplimiento del derecho internacional y a la mayor catástrofe humanitaria del mundo, que se ha cobrado decenas de miles de vidas.

Se espera que la revisión judicial dure hasta el final de la semana.

Alrededor de 10 manifestantes se apostaron frente al tribunal el martes por la mañana y colgaron una pancarta en las puertas en la que se leía «Dejad de armar a Arabia Saudí» y «Solidaridad con Yemen».

Riad ha intervenido militarmente en Yemen desde 2015, liderando una coalición regional que apoya a las fuerzas progubernamentales opuestas a los rebeldes Houthi respaldados por Irán.

Ben Jaffey, abogado de CAAT, dijo al tribunal que el gobierno británico debería haber identificado los repetidos bombardeos de la coalición contra civiles y otros objetivos no militares como violaciones del derecho internacional, incumpliendo las normas sobre venta de armas.

La ONG interpuso el recurso legal después de que Gran Bretaña anunciara en verano de 2020 que reanudaba la venta de armas a Arabia Saudí, alegando que no existía un riesgo claro de que las armas se utilizaran en una violación grave del derecho internacional humanitario.

El gobierno británico reconoció que se habían producido «pequeñas infracciones», pero las calificó de «casos aislados», dijo Jaffey, abogado de CAAT, calificando esto de «absurdo».

Detalló numerosos bombardeos saudíes dirigidos contra civiles, incluido un hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) que mató a unas 10 personas en 2016.

Una sola violación basta para que se cuestione la venta de armas, dijo Jaffey.

James Eadie, el abogado del gobierno, sin embargo, dijo al tribunal que había habido «un análisis muy cuidadoso y detallado del incidente preocupante».

«No hubo irracionalidad en la forma en que se hizo», dijo.

Antes de la vista, la coordinadora de medios de comunicación de CAAT, Emily Apple, acusó al gobierno británico de preocuparse «más por los beneficios que por los crímenes de guerra y la muerte de civiles».

«Estas ventas de armas son ilegales y deben detenerse», declaró a la AFP.

La ONG ganó inicialmente su caso contra el gobierno en 2019, cuando el Tribunal de Apelaciones dictaminó que la concesión de licencias de venta de armas por parte del Reino Unido era ilegal.

Dijo que el gobierno no había evaluado adecuadamente si las ventas de armas violaban sus compromisos con los derechos humanos y le ordenó «reconsiderar el asunto».

Impunidad total

Durante su mandato como ministra de Comercio Internacional, Liz Truss llevó a cabo una revisión y anunció en 2020 que se reanudarían las licencias de exportación.

Insistió en que Riad «tiene una intención genuina y la capacidad de cumplir con el DIH (derecho internacional humanitario)», a pesar de los «incidentes aislados».

CAAT acusó a Truss de «hablar de boquilla» sobre la necesidad de revisar las ventas.

También dijo que el gobierno del Reino Unido había autorizado ventas a Riad de armamento, incluidos aviones de combate, bombas guiadas y misiles, con un valor publicado desde 2015 de 7.900 millones de libras (9.800 millones de dólares).

Dijo que el Reino Unido es uno de los principales proveedores de armas a Arabia Saudita, junto con Estados Unidos.

Martin Butcher, asesor de paz y conflictos en la organización benéfica Oxfam, dijo que los ataques aéreos saudíes «son responsables de una mayor proporción de los ataques» contra civiles en Yemen.

«Es esencial que se examine la legalidad de la venta de armas del Reino Unido y debe detenerse inmediatamente».

En 2021, organizaciones benéficas criticaron al gobierno británico por reducir a la mitad su ayuda humanitaria a Yemen, devastado por la guerra.

El gobierno británico afirma que Gran Bretaña es el segundo mayor exportador de defensa del mundo, por detrás de Estados Unidos. El sector facturó 25.300 millones de libras en 2020.

AFP