EE.UU. concederá a Egipto ayuda militar por valor de 1.300 millones de dólares.

El Departamento de Estado de EE.UU. ha aprobado el envío a Egipto de 1.300 millones de dólares en financiación militar este año, a pesar de las peticiones del Capitolio de retener aproximadamente una cuarta parte por motivos de derechos humanos, en un momento en que la administración Biden busca la ayuda de El Cairo para poner fin a la guerra en Gaza.

El Departamento de Estado comunicó el miércoles al Congreso que su intención de proporcionar el paquete completo refleja la contribución de Egipto a las prioridades de seguridad nacional de EE.UU., en particular hacia un alto el fuego en Gaza, según un portavoz del departamento.

La decisión se produce en un momento en que EE.UU. se esfuerza por lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra entre Israel y Hamás, que ha causado la muerte de más de 40.000 palestinos y desestabilizado la región, y por liberar a los rehenes israelíes que siguen en manos del grupo militante. Egipto y Qatar han desempeñado un papel crucial en las conversaciones ayudando a comunicarse con Hamás, organización terrorista designada por Estados Unidos.

La medida también se produce mientras el presidente egipcio, Abdel-Fattah El-Sisi, navega por las secuelas de una crisis económica que desencadenó un rescate internacional de 57.000 millones de dólares liderado por el Fondo Monetario Internacional y Emiratos Árabes Unidos.

Estados Unidos comenzó a enviar grandes cantidades de ayuda a El Cairo tras los Acuerdos de Camp David con Israel en 1978, y confía en que Egipto sea una fuerza estabilizadora en todas las regiones de Oriente Próximo y el Norte de África a las que se extiende. Además de Gaza e Israel al este, Egipto se enfrenta en su sur a la guerra civil de Sudán, que ha desencadenado la mayor crisis humanitaria del mundo.

La decisión de conceder a Egipto la cantidad total desafía las demandas de un grupo de senadores encabezados por el demócrata Chris Van Hollen, de Maryland, que la semana pasada pidieron al secretario de Estado, Antony Blinken, que retuviera los 320 millones de dólares que el Congreso supeditó a las condiciones de los derechos humanos, que, según afirmaron en una carta, «han seguido deteriorándose».

Aproximadamente 225 millones de dólares de esa cantidad están condicionados a cuestiones generales de derechos humanos -a las que Blinken renunció por motivos de seguridad nacional- y 95 millones de dólares están relacionados con la liberación de presos políticos y el debido proceso, condición que Blinken determinó que El Cairo ha cumplido, según el portavoz.

La gran mayoría de la financiación –980 millones de dólares– no tiene condiciones.

El año pasado, la agencia retuvo 85 millones de dólares que habían sido condicionados al progreso de El Cairo en su tratamiento de los prisioneros políticos, desviando en cambio ese dinero a Taiwán y Líbano, dijeron a CNN fuentes con conocimiento del asunto.

Este año, Blinken “determinó e informó al Congreso que Egipto ha cumplido estas condiciones y está logrando un progreso claro y consistente en estas áreas, y ordenó al Departamento que obligue a financiarlo”, dijo el portavoz.

El portavoz del Departamento de Estado argumentó que la determinación reconoce “los pasos que los egipcios ya han tomado: avanzar con un proyecto de ley para reformar la prisión preventiva y el código penal más amplio para su adopción por el parlamento, liberar a más de 950 presos políticos desde septiembre de 2023 y poner fin a las prohibiciones de viaje y las congelaciones de activos asociadas con la financiación extranjera a las ONG”.

“Hemos reiterado a nuestros socios en Egipto que se necesitan más acciones y esperamos seguir desarrollando esta trayectoria para fortalecer aún más nuestra relación”, afirmó el portavoz.

Sin embargo, la determinación llega a pesar del más reciente informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado   –que abarca el año 2023– que concluyó que “no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Egipto durante el año”.

El informe señaló “informes de un número significativo de presos y detenidos políticos”, y agregó que “a los grupos humanitarios no se les permitió el acceso a los presos políticos ni a los centros de detención”.

Iain Marlow