Rubio reafirma las condiciones de EE. UU. para los seis F-35 de Turquía almacenados

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha reafirmado que no se habían cumplido las condiciones legales de Washington para la transferencia de aviones F-35 a Turquía. En una entrevista con el diario griego *Kathimerini*, publicada el 12 de octubre durante su visita a Atenas, Rubio declaró sin rodeos: «Hasta que no se cumplan esas condiciones, la venta no puede llevarse a cabo». Estas declaraciones cobraron relevancia nuevamente esta semana, mientras funcionarios turcos insistían en su postura en Washington.

Rubio señaló que el presidente Trump desea que la entrega siga adelante si es legalmente posible, pero subrayó que el asunto está sujeto a disposiciones legales y no depende únicamente de la discrecionalidad del Ejecutivo. Siguen vigentes las restricciones vinculadas a la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones (CAATSA) y a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA). Asimismo, añadió que existen «diversas opciones» para resolver la situación, aunque todavía no se ha concretado ninguna.

La disputa se remonta a 2017, cuando Turquía firmó un acuerdo valorado en unos 2.500 millones de dólares para adquirir sistemas rusos de defensa aérea S-400. Washington argumentó que el sistema era incompatible con las redes de la OTAN y que podría exponer datos del F-35 a la inteligencia rusa, por lo que excluyó a Turquía del programa en 2019. En 2020 se impusieron sanciones en virtud de la ley CAATSA. Desde entonces, los seis primeros aviones F-35 que Turquía ya había pagado han permanecido almacenados en Estados Unidos.

Durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara en julio, Trump declaró que estaba evaluando la posibilidad de que Turquía regresara al programa; este comentario generó expectativas en Ankara de que el proceso avanzaría con mayor rapidez. A finales de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, señaló que las conversaciones sobre el levantamiento de las sanciones de la CAATSA incluían lo que denominó «ideas creativas», aunque no ofreció detalles específicos.

Tras mantener sus propias conversaciones en Washington, el viceministro de Defensa, Alpaslan Kavaklıoğlu, declaró a la CNN que el proceso está avanzando. «Existen algunas cuestiones pendientes por parte de EE. UU., como la CAATSA. Se está trabajando intensamente en ellas», afirmó, añadiendo que espera que los problemas pendientes se resuelvan a corto plazo. Según los informes, las conversaciones abarcan tanto la situación de los seis aviones almacenados como la cuestión más amplia de las sanciones.

Otro aspecto de la cuestión se centra en los propios sistemas S-400. A finales de septiembre, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que se estaban manteniendo conversaciones sobre el traslado de los S-400 a un tercer país; por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que Moscú podría aprobar dicha transferencia siempre que el país receptor mantuviera relaciones amistosas con Rusia y asumiera el mantenimiento del sistema. Los analistas perciben un posible vínculo entre esta opción y la fórmula «creativa» a la que ha aludido Washington, aunque hasta la fecha no se ha dado ningún paso formal al respecto.

Rubio también abordó las relaciones entre Turquía y Grecia, calificando un posible conflicto entre ambos aliados de la OTAN como algo que Estados Unidos «jamás podría permitir que sucediera». Señaló que la solicitud de Grecia de armamento adicional para su propia flota de F-35 sigue bajo evaluación, quedando la decisión final en manos de la administración Trump. La entrega de los 20 aviones F-35 encargados por Grecia está prevista para finales de 2028, un calendario que podría llegar a coincidir con una eventual reanudación de las entregas a Turquía.

La planificación general de Ankara en materia de poder aéreo no depende exclusivamente del desenlace del programa F-35. Turquía ya ha firmado su primer contrato de producción en serie del caza de quinta generación KAAN, con entregas programadas entre 2028 y 2030, lo que ofrece a la fuerza aérea una vía alternativa independientemente de cómo concluyan las negociaciones con Estados Unidos. Asimismo, los contratos de defensa aérea escalonada en el marco del programa «Steel Dome» (Cúpula de Acero) están impulsando la producción nacional por parte de ASELSAN y Roketsan para sistemas de corto, medio y largo alcance.

Esto hace que la cuestión del F-35 no sea tanto una disputa aislada sobre adquisiciones, sino más bien un indicador de cómo se aplicará la ley CAATSA en el futuro dentro de la alianza. La resistencia del Congreso a readmitir a Turquía antes de que se resuelva el asunto de los S-400 pone de relieve la brecha entre la intención declarada de la administración y el marco jurídico vigente.

Lo que está en juego va más allá de los seis aviones ya pagados. Levantar las sanciones de la CAATSA también podría aliviar las restricciones indirectas que afectan a ASELSAN, Turkish Aerospace y Roketsan en sus relaciones con socios de terceros países y en sus cadenas de suministro; por ello, Ankara vincula esta cuestión a un acceso más amplio a los mercados de exportación de defensa, y no solo a la entrega de los F-35.

Una complicación práctica es el suministro de motores para el propio KAAN. La primera serie de producción del avión utiliza el motor estadounidense GE F110, y no se prevé que el motor de fabricación nacional TF35000 esté listo antes de principios de la década de 2030. Garantizar un suministro constante de motores y repuestos durante ese periodo es una de las razones por las que Ankara desea minimizar cuanto antes la incertidumbre derivada de la CAATSA.

Ninguna de las partes ha publicado un calendario. Los comentarios de Rubio confirman que los fundamentos jurídicos aún no están completos, mientras que las declaraciones de Kavaklıoğlu sugieren que hay negociaciones en curso y que Turquía espera una resolución a corto plazo. El siguiente paso concreto sería la presentación al Congreso de un paquete formal de resolución.

Firuze Kılıç