Suiza admite fallos en la compra del F-35 y prepara cambios en las adquisiciones militares
El gobierno suizo ha reconocido deficiencias en la gestión de la compra de los cazas F-35A Lightning II y ha anunciado cambios en los procedimientos de adquisición de armamento en respuesta a las críticas de una comisión parlamentaria. La decisión, aprobada por el Consejo Federal el 21 de octubre y publicada el 23, prevé una mayor transparencia en las negociaciones, una revisión jurídica más rigurosa y una mejor gestión de riesgos para prevenir futuros problemas en contratos militares de alto valor.
La controversia gira en torno a la promesa de un precio fijo para los 36 aviones de combate fabricados por Lockheed Martin. Una investigación parlamentaria concluyó que no se había acordado un precio fijo global con Estados Unidos en los términos presentados previamente por las autoridades suizas. El bloqueo financiero amenaza con reducir el número de aeronaves que el país puede adquirir, incluso después de la aprobación de un crédito adicional de 394 millones de francos suizos para cubrir parte de los costes adicionales.
Suiza presentó inicialmente el F-35A como la solución para renovar su aviación de combate dentro del presupuesto previamente definido. Sin embargo, los costes adicionales derivados de factores como la inflación y las materias primas comprometieron el plan original. El ministro de Defensa, Martin Pfister, ya había admitido que los recursos disponibles probablemente solo alcanzarían para aproximadamente 30 aeronaves, en lugar de las 36 previstas inicialmente. La cantidad final aún no se ha determinado, y la disputa sobre los costes sigue siendo uno de los principales puntos de incertidumbre del programa.
Más allá del aspecto financiero, la investigación identificó problemas en la organización de las negociaciones y en el flujo de información entre los responsables del proyecto. El Comité de Gestión del Consejo Nacional criticó las acciones del Ministerio de Defensa y consideró insuficiente la participación del departamento jurídico de Armasuisse, la agencia federal encargada de las adquisiciones militares. Según el gobierno, el equipo jurídico carecía de los recursos humanos y los conocimientos especializados necesarios para la complejidad del contrato. Posteriormente, se amplió la estructura y comenzó a desempeñar un papel más relevante en los procesos de adquisición.
Entre las medidas aceptadas se encuentra la posibilidad de exigir que las negociaciones para grandes contratos militares cuenten con la autorización de autoridades superiores, incluyendo la dirección del Ministerio de Defensa o el propio Consejo Federal. El gobierno también pretende reforzar la participación parlamentaria, ampliar las revisiones independientes de proyectos considerados especialmente riesgosos y utilizar evaluaciones cuantitativas más rigurosas para calcular las contingencias financieras. La inflación y los costes adicionales previstos para cubrir los riesgos deberán considerarse con mayor transparencia desde las etapas iniciales de los proyectos.
El gobierno suizo aceptó íntegramente seis de las siete recomendaciones parlamentarias y parcialmente las restantes. Al mismo tiempo, refutó la interpretación de que los contratos estadounidenses se habían examinado solo superficialmente. El Consejo Federal declaró que el exjefe de armamento y otros expertos de Armasuisse analizaron la documentación completa, mientras que miembros del Ministerio de Defensa, incluida la entonces ministra Viola Amherd, examinaron en detalle las cláusulas relativas a los precios.
La polémica dio un nuevo giro el 26 de octubre, cuando se presentó al Parlamento una propuesta para crear una comisión parlamentaria de investigación dedicada a la adquisición del F-35A. La iniciativa busca esclarecer las dudas pendientes sobre la selección del avión de combate, el desarrollo del proceso y las deficiencias institucionales señaladas por el organismo de supervisión. La presentación de la propuesta no implica que la comisión ya se haya constituido, pero sí indica que el caso sigue suscitando interrogantes políticos.
Mientras continúa el debate, la producción de los primeros F-35A destinados a Suiza ya está en marcha. En septiembre, representantes suizos participaron en la ceremonia de firma de un componente estructural del primer avión del país en las instalaciones de Lockheed Martin en Texas. Por lo tanto, el desarrollo del programa avanza a pesar de la crisis administrativa y financiera, pero el tamaño final de la flota y el coste total de adquisición siguen siendo cuestiones cruciales para el futuro de la aviación de combate suiza.
Fernando Valduga
