Italia investiga a un ex primer ministro por acusaciones de soborno en un negocio de armas.
El Fiscal de Nápoles ha inscrito a ocho personas en el registro de sospechosos en el marco de una investigación sobre armas denominado Colombiagate.
Se trata de un intento de venta de buques y aviones militares de fabricación italiana al gobierno colombiano. En concreto, el avión Alenia Aermacchi M-346 Master fabricado por el grupo Leonardo, junto con corbetas, pequeños submarinos y equipos para astilleros fabricados por Fincantieri.
El valor del acuerdo superó los 4.000 millones de euros.
Los sospechosos están acusados de un delito de corrupción internacional agravada. Están bajo la lupa de los investigadores: el expresidente del Consejo de ministros Massimo D’Alema; su ex contable Gherardo Gardo; el ex Consejero delegado de Leonardo Alessandro Profumo; el ex director general de la división de buques de guerra de Fincantieri Giuseppe Giordo.
Se han llevado a cabo registros en los domicilios y oficinas de los cuatro sospechosos, según ha informado la agencia de noticias «Ansa». Además de ellos, también están siendo investigados Umberto Claudio Bonavita, Francesco Amato, Emanuele Caruso y Giancarlo Mazzotta.
Según una reconstrucción sumaria del caso Colombiagate: dos sujetos que trabajaban como asesores de cooperación internacional en la cancillería colombiana habían logrado entrar en contacto con expresidente del Consejo de ministros D’Alema. Ambos asesores fueron considerados personajes clave con «currículos con cargos de importancia internacional», que se habrían posicionado como «mediadores informales» en las relaciones con la dirección corporativa de Leonardo y Fincantieri.
Para cerrar el trato se habrían ofrecido 40 millones de euros (de un total de 80 millones de comisión) a funcionarios públicos colombianos, entre ellos Edgardo Fierro Flores (jefe del grupo de trabajo para la presentación de oportunidades en Colombia), Marta Lucía Ramírez (ministra de Asuntos Exteriores y vicepresidenta de Colombia), Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto (delegados de la comisión del Senado de Colombia) y otros pendientes «por identificar».
Continúan las investigaciones para conocer el alcance de los sobornos y las personas relacionadas con el intento de corrupción.
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