Los cinco puntos que deberían encabezar las prioridades de defensa de Biden.

El gobierno de Biden tiene la oportunidad de introducir reformas en varias áreas cruciales del Departamento de Defensa.

En primer lugar, debería eliminar la cuenta de operaciones de contingencia en el extranjero. La justificación continua de la OCO ha llegado a la fase de parodia. Originalmente destinada al gasto de emergencia en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001, la cuenta se ha convertido en un fondo de maniobra diseñado para inflar el gasto del Departamento de Defensa muy por encima del presupuesto base y para fines no relacionados con las guerras extranjeras.

En el año fiscal 2015, aproximadamente el 50 por ciento de la financiación de la OCO fue para artículos que no son de emergencia. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de agosto de 2019 señaló que aproximadamente el 85 por ciento de la financiación de la OCO en los años fiscales 20 y 21 “se designa para el presupuesto base y las actividades ‘duraderas'”, financiando el mantenimiento en apoyo de las operaciones extranjeras que continuarán independientemente del tamaño de la fuerza.

El gasto de la OCO ha superado durante mucho tiempo la presencia militar en las zonas de combate. En el año fiscal 2008, Estados Unidos desplegó una media de 187.000 soldados en Afganistán e Irak. El gasto de la OCO superó los 187.000 millones de dólares ese año, lo que equivale a un millón de dólares por miembro del servicio. En la actualidad, el Departamento de Defensa tiene aproximadamente 5.000 tropas estacionadas en estos países, lo que significa que los 70.700 millones de dólares de gasto OCO en el año fiscal 20 equivalen a 14,1 millones de dólares de financiación por miembro del servicio, más de 14 veces la cantidad del año fiscal 2008.

Dado que es poco probable que el presidente Joe Biden aumente sustancialmente la presencia militar en Afganistán e Irak, el enorme gasto de la OCO continuará en el año fiscal 21 y más allá, salvo que se produzca una reforma.

El DoD ha recibido aproximadamente 2.000 millones de dólares de la OCO desde 2001. Si se le considerara una agencia federal, la financiación de la OCO para el año fiscal 20 la convertiría en la cuarta más importante, eclipsando el gasto de todas las demás agencias, excepto los departamentos de Defensa, Salud y Servicios Humanos y Asuntos de los Veteranos.

La administración entrante también debe ampliar los esfuerzos para que las finanzas del DoD sean más transparentes y responsables. La contabilidad es tan pésima que algunas áreas del Departamento de Defensa figuran desde 1995 en la lista de programas de alto riesgo de despilfarro, fraude, abuso y mala gestión de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.

El agujero negro financiero no es más evidente que en la incapacidad del DoD para pasar una auditoría limpia, a diferencia de cualquier otra agencia federal. El 16 de noviembre de 2020, el Pentágono anunció que, por tercer año consecutivo, suspendía su revisión financiera. El progreso ha sido gradual, con siete de las 24 agencias del DoD que hasta ahora han producido auditorías limpias. Sin embargo, el DoD estima que no podrá aprobar una auditoría antes de 2027, es decir, 37 años después de que la ley le obligue a hacerlo.

El Departamento de Defensa también debe determinar el mecanismo de sustitución del puesto de director de gestión, que era el puesto civil número 3 hasta que se eliminó en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional del año fiscal 21.

A pesar de identificar 22.300 millones de dólares de ahorro entre el año fiscal 18 y el año fiscal 21, los legisladores cedieron a la presión del Pentágono, distribuyendo los deberes y responsabilidades de la función a varios puestos existentes con mucha menos autoridad.

La parte de las adquisiciones también es un desastre, incluyendo varios desastres infames de adquisiciones que personifican los problemas sistémicos del Pentágono. El ejemplo más destacado es el F-35 Joint Strike Fighter. El programa ha estado en continuo desarrollo desde que se adjudicó el contrato en 2001, y ha sufrido innumerables retrasos y sobrecostes. Los costes totales de adquisición superan ahora los 428.000 millones de dólares, casi el doble de la estimación inicial de 233.000 millones. Se calcula que los costes totales del F-35 alcanzarán los 1,727 billones de dólares a lo largo de la vida del programa. El 14 de enero de 2021, el entonces secretario de Defensa en funciones, Christopher Miller, calificó el Joint Strike Fighter de “pedazo de mierda”.

Ya se ha dicho bastante.

Muchos de los problemas del programa F-35 se deben a la decisión de desarrollar y adquirir el Joint Strike Fighter simultáneamente. Cada vez que se han detectado problemas, los contratistas han tenido que volver atrás y realizar cambios en aviones que ya estaban ensamblados, lo que ha aumentado los costes totales.

Por supuesto, nada de esto ha impedido al Pentágono pedir fondos para el Joint Strike Fighter, y a los miembros del Congreso suministrarlos, a menudo superando la petición del DoD. Esta tendencia continuó en el año fiscal 20, cuando los legisladores añadieron 2.100 millones de dólares en asignaciones para financiar la adquisición de 22 Joint Strike Fighters por encima de la cantidad solicitada por el Pentágono, con lo que la cantidad total de asignaciones para el programa ascendió a 8.900 millones de dólares desde el año fiscal 01.

Por último, la administración Biden haría bien en introducir algo de estabilidad en la dirección del Pentágono. Cada secretario de Defensa aporta diferentes prioridades para la mayor burocracia del gobierno. El presidente Donald Trump ha pasado por dos secretarios confirmados y cuatro en funciones, la mayor cantidad de cualquier administración. El presidente Biden debería esforzarse por revertir este cambio.

Sean Kennedy

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