Un senador australiano remite el programa de fragatas clase Hunter al organismo de control anticorrupción.

El problemático proyecto de las fragatas de la Armada australiana, valorado en 45.000 millones de dólares, ha sido remitido al organismo de control anticorrupción del país después de que un mordaz informe del auditor general revelara que los burócratas no conservaron documentos clave sobre sus decisiones de adjudicar el contrato a constructores navales británicos en un diseño no probado.

Aunque no alega que los funcionarios actuaran de forma corrupta o se beneficiaran personalmente, el senador de los Verdes de Nueva Gales del Sur, David Shoebridge ha remitido el proyecto a la Comisión Nacional Anticorrupción en un posible caso de prueba de sus competencias para examinar la integridad en torno a la toma de decisiones gubernamentales.

“Los Verdes remitieron este asunto a la NACC porque demuestra que la cultura que los gobiernos de Coalición y Laborista han fomentado en Defensa no sirve a los intereses de la comunidad”, declaró el senador Shoebridge.

“No se trata de individuos corruptos o de bolsas de dinero que cambian de manos, sino de un proceso público que ha sido derribado para producir un resultado predeterminado”.

“Para esto se concibió la NACC, para descubrir violaciones sistémicas de la confianza pública, especialmente cuando se han incrustado en el sistema”.

Las fragatas de la clase Hunter se enfrentan a la incertidumbre mientras el gobierno de Albanese espera a que finalice este mes una revisión de la flota de guerra de superficie de la Armada, con especulaciones informadas de que el número de buques que se construirán en Adelaida podría reducirse de nueve a seis.

El proyecto ha sufrido una serie de reventones, retrasos y problemas de diseño, incluido el aumento de tamaño y peso, que afectan a su rendimiento previsto, desde que el gobierno de Turnbull seleccionó al gigante británico BAE Systems en 2018.

Un informe del auditor general, publicado en mayo, desenterró varios problemas con el proceso de contratación. Entre ellos, que la fragata de BAE, que solo existía sobre el papel, fue preseleccionada en 2016 junto a dos rivales, a pesar de que los funcionarios la identificaron como una opción de alto riesgo.

En 2018, los funcionarios de defensa recomendaron que el contrato de la fragata se entregara a BAE Systems a pesar de no realizar una evaluación de la relación calidad-precio como parte del proceso de licitación y de encontrar que su diseño Tipo 26 tenía un “riesgo extremo” medido en función de dos de los criterios de selección.

No se conservaron las actas de ambas decisiones, a pesar de su importancia para justificar la selección de un diseño para la segunda adquisición más cara de la Armada, sólo por detrás de los nuevos submarinos. La auditoría advertía de que el precio de 45.000 millones de dólares no haría sino aumentar.

El senador Shoebridge también quiere que la NACC estudie cómo gestiona el Departamento de Defensa los posibles conflictos de intereses después de que antiguos empleados de BAE Systems formaran parte de paneles asesores del Gobierno. Una vez más, no hay indicios de que los miembros de los paneles hayan actuado mal.

El senador Shoebridge, portavoz de Defensa del partido minoritario, cree que la NACC debería examinar la adquisición de las fragatas Hunter, ya que el proceso puede constituir una violación de la confianza pública.

Mientras que el auditor general y los comités del Senado han profundizado en los problemas, el senador Shoebridge considera que los poderes permanentes de la NACC, similares a los de una comisión real, incluidos los poderes para obligar a los testigos a declarar y confiscar documentos, llegarán al fondo de cómo una burocracia “hinchada” y que no rinde cuentas eligió la fragata Hunter.

“Lo que sabemos sobre la adquisición de la fragata Hunter es que se ignoraron las advertencias en voz alta, se anularon controles y equilibrios clave, se perdieron documentos críticos y un pequeño grupo de poderosos privilegiados obtuvieron el resultado que querían”, declaró el senador Shoebridge.

“Desembolsar sumas exorbitantes por material militar mediante un proceso sesgado que ni siquiera comprueba la relación calidad-precio, no es de interés público ni constituye una buena política de defensa.

Durante demasiado tiempo ha existido un culto al secretismo en Canberra, donde un pequeño grupo de militares y políticos de élite toman decisiones sin apenas supervisión pública y sin temor a las consecuencias. Eso tiene que cambiar, y tenemos la esperanza de que la NACC pueda formar parte de ese cambio”.

La oficina del ministro de Defensa, Richard Marles, declinó hacer comentarios, al igual que el NACC.

Andrew Tillet